El estado de conmoción exterior fue firmado por el presidente Nicolás Maduro y está en consulta nacional.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el inicio de un proceso de consulta nacional sobre el decreto constitucional de conmoción externa ante la amenaza directa a la soberanía nacional que significa el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
“Venezuela ha sido agredida económica, psicológica y políticamente, y siempre ha salido adelante. Este decreto es una herramienta legítima para defendernos”, dijo el jefe del Estado en su programa Con Maduro +.
Esta no sería la primera vez que el país debe tomar medidas excepcionales para la defensa de su territorio, ya que desde la disolución de la Gran Colombia en 1830 ha activado mecanismos que garanticen este derecho a Venezuela.
El historiador Luis Enrique García, consultado por Últimas Noticias, aseguró que el decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro “es para preservar lo que se viene preservando desde 1830, la territorialidad, el espacio geográfico, político y, por supuesto, las instituciones”.
García comentó que en ese momento los tres países que conformaron la gran nación (Colombia, Ecuador y Venezuela) tuvieron que cerrar sus fronteras con la finalidad de hacer un reordenamiento geopolítico y territorial.
“En la Constitución de 1830 se contempla ya la independencia, la autonomía como estado naciente de la República de Venezuela”, enfatizó García, quien comentó que a lo largo del tiempo términos legales como “estado de conmoción exterior” eran conocidos de otras maneras, pero el fin sigue siendo el mismo: la defensa de la nación.
Recuerda que incluso en diversos episodios de conflicto interno como la “Revolución de las Reformas” (1935), la hegemonía de los hermanos Monagas (1847-1858) y en la Guerra Federal (1859-1863), se mantuvo la preservación del territorio como un factor determinante.
Para 1863, cuando se firma el Tratado de Coche que pone fin a la Guerra Federal y coloca en el poder a Juan Crisóstomo Falcón, se crea una Constitución en la cual también se va a establecer que se debe preservar el territorio.
Los mismo vino luego de la “Revolución de Abril”, que llevó a Antonio Guzmán Blanco al poder. Entonces se redactó una nueva Carta Magna que involucra elementos importantes como el Himno Nacional y los símbolos patrios.
Unidad ante el bloqueo
Un momento cumbre llegaría en 1902, cuando potencias europeas como Reino Unido, Alemania e Italia bloquearon los puertos venezolanos exigiendo el pago de deudas con compañías de sus connacionales, al punto que en el mes de diciembre atacaron buques venezolanos y ocuparon muelles.
Esto produjo un gran consenso nacional. Actores de todas las corrientes políticas y sociales se unieron a la Proclama del General Cipriano Castro, quien afirmó “que la planta insolente del extranjero ha pisoteado el suelo sagrado de la patria”. Y aunque no se activó un instrumento legislativo, dicha Proclama sirvió como antecedente jurídico en defensa del territorio.
Por esto, para el experto, no es una falacia el que José Gregorio Hernández se haya listado en la jefatura de la parroquia San Juan para defender la patria. “No solamente José Gregorio, sino Luis Razetti, Luis Espelosín, es decir, una generación de intelectuales; si mal no recuerdo también Leoncio Martínez, José Rafael Pocaterra, entre otros que, ojo, eran antiandinos, anticastristas, antigomecistas”, acotó.
El bloqueo naval tuvo su fin con el Protocolo de Washington, que fue firmado el 13 de febrero de 1903. En este protocolo se acordó que Venezuela pagaría a plazos sus deudas con el 30% de sus ingresos de aduana.
El analista geopolítico Vladimir Adrianza explicó a Últimas Noticias que los Estados Unidos actuaron en ese momento, aunque Venezuela no lo pidió, en favor de los intereses nacionales debido a que las potencias europeas estaban midiendo la firmeza de la Doctrina Monroe en América.
“Ese ataque no solamente es contra Venezuela, sino que es para probar a los Estados Unidos en su firmeza al decir ‘esta es mi área de acción, mi área de influencia y ustedes se salen de aquí’», acotó el experto.
“Operación Caimán”
Pero la puesta a prueba de la defensa nacional llegaría en 1952, específicamente entre el 13 y el 29 de agosto, cuando el buque de guerra colombiano ARC Almirante Padilla realizó disparos apuntando hacia el Archipiélago de Los Monjes, como un claro indicio de querer apropiarse de dicho territorio.
El basamento del gobierno neogranadino estaba en lo escrito en el libro Límites de la República de Colombia, cuya primera edición es de 1944, donde se dice que el área pertenece al vecino país.
Además, el 10 de enero de 1952, la revista oficial Territorios Nacionales, publica el escrito del abogado Hernando Holguín Peláez, afirmando que Los Monjes forman parte de Colombia.
Hay que recordar que, en junio de 1951, la Junta de Gobierno de Venezuela presidida por Germán Suárez Flamerich había emitido el decreto 240, que incluía el archipiélago en la jurisdicción nacional.
Por ello, el 17 de enero de 1952, la cancillería venezolana emite un comunicado afirmando la soberanía de Venezuela sobre Los Monjes, el cual es ratificado, a través de un comunicado, por el ministro de la Defensa y quien forma parte de la Junta de Gobierno, Marcos Pérez Jiménez. “La voz del canciller es la voz del Gobierno”, afirma en el escrito.
Ante tal intromisión del navío neogranadino, Venezuela movilizó al ejército al activar la «Operación Caimán”, que llevó a un despliegue de corbetas acompañado de la Fuerza Aérea de Venezuela, que para el momento era una de las más imponentes de la región: para 1952 Venezuela disponían de 24 aviones.
Todo este movimiento militar en defensa del territorio venezolano, resultó posteriormente en el reconocimiento colombiano de la soberanía venezolana sobre el archipiélago.
“El Gobierno de Colombia declara que no objeta la soberanía de los Estados Unidos de Venezuela sobre el Archipiélago de Los Monjes y que en consecuencia no se opone ni tiene objeción respecto al ejercicio de la misma o a cualquier acto de reclamación alguna que formular respecto al ejercicio de la misma o cualquier acto de dominio de este país sobre el archipiélago en referencia”, dice la emitida por el vecino país el 22 de noviembre de 1952.
Siete días después, el gobierno y el ejército venezolano realizan oficialmente el izado de bandera en Los Monjes Grandes del Sur.
Crisis de la Corbeta Caldas
Pero este no sería el único impase con el vecino país. El 9 de agosto de 1987 la corbeta ARC Caldas cruzó el paralelo de Castilletes rumbo al sur y se colocó en el Golfo de Venezuela para posteriormente ser interceptada por el patrullero venezolano ARV Libertad, que les ordena a los representantes del vecino país retirarse del territorio, pero éstos se niegan.
Ante esta arremetida, el presidente de Venezuela, Jaime Lusinhi, autorizó un rápido despliegue militar que enviaría más de 100 mil tropas y blindados a la frontera con Colombia, así como aviones caza-bombarderos F-16 de reciente adquisición que sobrevolaron las naves colombianas, esperando órdenes para atacar.
La respuesta del presidente de Colombia, Virgilio Barco, fue la movilización militar, Envió un submarino y otras naves pequeñas como apoyo al Caldas, lo que caldeó más el ambiente.
El 15 de agosto, Últimas Noticias titulaba “Tensas las relaciones con Colombia por provocación en nuestro Golfo”, reflejando el momento crítico que se vivía, a pesar que tanto el gobierno de Argentina como la Organización de Estados Americanos buscaban mediar.
Sin embargo, el 18 de agosto, el gobierno de Venezuela da un ultimátum a Colombia avisando que atacaría las unidades presentes en el territorio nacional.
“Venezuela hizo valer su soberanía, no con un decreto, sino con pasarle los aviones, los F-16, por encima de los barcos que habían pivoteado el Golfo de Venezuela”, dice el profesor Adrianza.
Enfrentar la agresión continuada
Para el profesor Adrianza, estos son los antecedentes que sustentan las acciones de Venezuela en defensa de la soberanía y el territorio. Es por ello que considera “acertada” la firma, aunque aún no activación, de este mecanismo jurídico por parte del presidente Maduro. Analiza que es una forma de enfrentar una “agresión continuada” por parte del Estados Unidos contra el país.
Con el Decreto Obama de 2015, donde Venezuela es declarada como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de EEUU”, se han aplicado 1.042 medidas coercitivas unilaterales al país, según reseña el Observatorio Antibloqueo en su página web.
El estado de conmoción exterior, que es considerado como un mecanismo de defensa y no de agresión, forma parte de los cuatro estados de excepción que están contemplados en el artículo 338 de la Constitución.
El primero de ellos es el estado de alarma, el cual se activa “cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas”.
El segundo es el estado de emergencia económica, el cual puede invocarse cuando “se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación”.
Finalmente, están contemplados los estados de conmoción interior y exterior, los cuales pueden decretarse en caso de un conflicto interno o externo “que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”. (Artículo 14 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción)
Estas medidas especiales, que deben ser emitidas por el presidente en Consejo de Ministros, tienen una duración inicial de hasta 90 días y puede ser prorrogable por otros 90 días, siempre que cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional.
Esto permitiría al jefe del Estado tener facultades especiales, establecidas en la Carta Magna, para movilizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional, tal y como lo explicó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado.
También podría tomar de inmediato y militarmente la infraestructura de los servicios públicos, de la industria de los hidrocarburos, de las industrias básicas del país.
“Para garantizar el pleno funcionamiento de todo el sistema de servicios públicos, para activar todos los planes de seguridad ciudadana”, explicó la vicepresidenta, al tiempo que agregó que también permitiría activar a la Milicia Nacional Bolivariana en el sistema integrado de defensa de la nación.
Otra de las acciones sería cerrar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas para resguardar la integridad territorial y de nuestra población. De igual manera, se podrán activar todo tipo de planes económicos, políticos, sociales en la dirección de garantizar la vida nacional.
“Y muy importante es que, tal como lo contempla la Constitución, el funcionamiento pleno de los poderes públicos y el estado de garantía de derechos humanos pleno, el principal de ellos, el derecho a la vida de nuestro pueblo”, enfatizó Rodríguez.
Cronología
A lo largo de su mandato, el presidente Nicolás Maduro ha activado varios mecanismos excepcionales para preservar la paz de la nación, así como sortear los ataques a los que ha sido sometido el país.
En 2015, el presidente Maduro decreta un estado de excepción en el estado Táchira, específicamente en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia, los cuales son fronterizos con Colombia. También en el estado Zulia se reforzó la presencia militar en La Guajira.
“Como parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana”, aseguró el jefe del Estado, en un momento en que se luchaba contra los grupos paramilitares y el contrabando de combustible.
Un año después se llevó a cabo la activación del decreto de “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, que se mantiene vigente hasta la fecha. Su finalidad era defender al país ante los ataques a la moneda nacional, los indicadores macroeconómicos, el desabastecimiento de alimentos y medicinas propiciado por grandes corporaciones.
«He decidido aprobar un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica que me dé el poder suficiente para derrotar el golpe de Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente nuestro país y para enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria en este momento», dijo Maduro en mayo de 2016.
Ya en marzo de 2020, y amparado en el artículo 338 de la Constitución, Venezuela enfrentaría la crisis sanitaria de la pandemia del Coronavirus activando el estado de alarma, debido a que ningún país estaba preparado para enfrentar esta situación.
Una de las primeras medidas fue la suspensión de actividades laborales, que luego serían activadas “en las próximas horas y días, de forma organizada, coherente, estratégica y progresiva, con la presencia del poder popular, poder militar, fuerzas policiales y autoridades legítimas”.
La idea era cortar la cadena de infección del virus que llegó al país procedente de Europa. Sin embargo, dichas medidas no sólo permitieron crear mecanismos híbridos de flexibilización de la movilidad de la población, sino que también seguir produciendo bienes y servicios para no detener las actividades esenciales al país.
Además, permitió a Venezuela sortear el bloqueo a medicamentos y vacunas que habían impuesto las grandes potencias occidentales, adquiriéndolas a través de la cooperación con aliados como Cuba, China y Rusia.
El estado de emergencia vuelve a ser activado en 2022. El 8 de octubre de ese año, como consecuencia de las torrenciales lluvias y el deslave de tierras, ocurrió la inundación de cinco quebradas en Las Tejerías, municipio Santos Michelena del estado Aragua.
“Debido a la grave situación producto del deslave de gran magnitud causado por las lluvias, decreté en las comunidades que conforman Las Tejerías, Zona de Desastre y Catástrofe Natural”, escribió entonces el jefe del Estado en redes sociales.
El accionar del Estado no sólo permitió atender a los afectados y buscar a los desaparecidos, sino establecer planes que permitieran entregar alimentación y medicamentos a los afectados, así como atender la vialidad, el transporte y la vivienda en la zona.
De esta manera se evidencia como utilizando los mecanismos que establecen la Constitución,el Ejecutivo puede sortear los desafíos que se han presentado sin vulnerar los derechos fundamentales de la población.
